En nuestro país por mucho tiempo se evitó hablar de universidades. Una vez al año, con la primavera, el tema cobraba alguna notoriedad al discutirse la Ley de Presupuestos de la Nación. Así, asuntos como asignaciones de fondos o sistemas de becas y créditos, estacionalmente, ingresaban a la conciencia del país, o al menos del legislador.
A pesar de que el modelo impuesto en nuestro país fue drásticamente criticado desde su origen, recién hace algunos años el descontento estudiantil obligó a asumir sus múltiples iniquidades.
Pero cuando este año se formalizó la presentación de un proyecto de educación superior, este recibió críticas drásticas y generalizadas. Parecería entonces que el Gobierno no supo convocar a las fuerzas que propugnaban un cambio importante en el actual estado de cosas (si bien, concedamos, unir fuerzas en el Chile actual no es tarea fácil).
Curiosamente, la ferocidad de los ataques recibidos bien podría constituir un atenuante para el Gobierno. Es un índice de que hay fuerzas poderosas empeñadas en que este modelo extremo e inédito no cambie. En ningún lugar del mundo se ha intentado aplicar a las universidades los principios de mercado propios del sector privado tan brutal, textual y poco imaginativamente como se ha hecho en nuestro país.
Más aún, cualquier intento por devolver al ámbito público una responsabilidad real en educación superior es distorsionado como un retorno a un pasado estatista. En realidad, tal acción implicaría volver al presente, a los estándares de cualquier país contemporáneo. No se puede seriamente concebir un proyecto modernizador sin una interacción coherente entre Estado y universidades.
Las modificaciones que se hagan ahora al proyecto deben precisamente interpretar una voluntad de cambio. La discusión misma debe también devolvernos a una atmósfera en que prime el espíritu de colaboración, propio de la vida académica, en vez de la ingenua fe en la competencia y en el reduccionismo financiero, propios del modelo. Porque, cuando una vez al año se ha hablado de universidades, concordante con esa visión del mundo, la discusión se ha limitado a cuánta agua se permitirá a cada universidad llevar a su molino. La metáfora es casi literal.
Para dificultar aún más un proceso de cambios, el Estado debe asumir una situación generada por él mismo: no tener injerencia en las universidades a las que concurre la enorme mayoría de los estudiantes. Cualquier camino hacia un futuro sistema de educación terciaria racional debe ser compatibilizado con el respeto por la situación de muchos jóvenes que no tienen culpa de las distorsiones del presente. Financiar las universidades, impedir el lucro, garantizar la calidad y asegurar la inclusión serán cuestiones fundamentales en la próxima ley.
En general, hoy el Estado cumple un rol curioso, semejante a un contador partidor a la hora de proveer agua a los molinos. De ahí el interés anual por la discusión de la Ley de Presupuestos.
Esta forma de entender el rol del Estado en el sistema universitario ha sido trágica. El ambiente del país tampoco ayuda. En el Chile contemporáneo no es fácil parafrasear a Kennedy y decir: «No te preguntes lo que el Estado puede hacer por tu universidad, sino lo que tu universidad puede hacer por el Estado».
Es hora de ser constructivos. No serlo constituiría una irresponsabilidad demasiado grande para con el futuro del país. Este proceso, independientemente de cómo comenzó, debe resultar en una ley que interprete a la ciudadanía. Concordantemente, nuestra universidad ha iniciado un proceso en el que toda la comunidad se comprometerá en impulsar la educación superior pública de Chile.
Esperamos que, en esta primavera que comienza, la discusión sobre universidades se dé en un contexto distinto. Que se genere un ámbito de trabajo colaborativo para el conjunto del sistema universitario. Que el Estado asuma su responsabilidad frente a sus jóvenes. Que reconstruya una relación con sus propias universidades en tareas convergentes y sinérgicas. Que aquellas universidades para las cuales ser públicas es cuestión definitoria se articulen en un sistema de instituciones estatales de educación superior.
En esa relación lo primordial no es cuánto más o menos financiamiento el Estado les dará a sus universidades respecto de las otras. Lo verdaderamente importante es la certeza de un propósito compartido. En cualquier sociedad, el asumir esa tarea común es clave para su desarrollo y progreso en los ámbitos social, económico, científico y cultural.
Ennio Vivaldi
Rector de la Universidad de Chile
Presidente y vocero del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
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